La educación superior como proceso productivo y no como proceso educativo (Reforma a la ley 30)

Para comenzar cabe preguntarnos si la  reforma a la ley 30  es verdaderamente una reforma o en un caso más despectivo una nueva ley; que a modo de eufemismo pretende ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior. Toda ley se estructura sobre una serie de concesiones,  que en este caso en particular carecen de claridad y argumentos precisos por parte de quienes la proponen, lo que la ha llevado al debate público y político en numerosos escenarios, sin que aún se tenga pleno esclarecimiento de los aspectos más relevantes que la conforman. Pues estas propuestas son consideradas por muchos -dentro de los que me incluyo- como vagas, imprecisas, inocuas e innecesarias.

La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó  a los rectores de las universidades públicas y privadas, se centra en cuatro aspectos puntuales : promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno. Aspectos que por falta de claridad en el planteamiento de la propuesta deja la incertidumbre si la educación superior pasará de un proceso educativo a un proceso productivo, lo que podríamos tomar como una analogía de esta reforma.

Esta reforma también pretende promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. Se establece con esto que las reglas terminarán por favorecer a los agentes dominantes, es decir a la empresa privada y terminarán generando más concentración de recursos en su patrimonio. Lo que conlleva a un nuevo cuestionamiento el cual se centraría en si las instituciones de educación superior estarían dispuestas a dejar de un lado su relación con el conocimiento y la investigación como forma de financiamiento para  pasar a cumplir con este requerimiento de carácter económico, donde lo primordial sería la inversión y la producción. Además cabe aclarar que si es cierto que la reforma ofrece nuevos recursos para la financiación de la educación superior, también es preciso afirmar que estos planteamientos vienen acompañados de una serie de nuevas condiciones las cuales son poco favorables para las instituciones de educación superior.


Los estatutos mismos de la reforma han reconocido plenamente que con el crecimiento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) no es suficiente para la financiación de la educación superior, es por este motivo que se pueden plantear otro tipo de salidas como las que se mencionan a continuación:

• Aumento de la participación financiera por parte del Departamento.
• Aumento de los recursos de la nación; los cuales deberían estar 4 puntos por encima del IPC.
• Se requiere también que las universidades hagan un mayor esfuerzo de manera que se racionalice el gasto y la austeridad.
• Un uso adecuado de los fondos de becas para los estudiantes de escasos recursos donde los recobros sean los adecuados.

Sería bueno entonces que el gobierno considerara un replanteamiento de la reforma acorde a los estamentos  institucionales donde se respete la autonomía universitaria, además de exigirle la creación de más instituciones públicas que permitan cubrir la creciente demanda por parte  de los jóvenes hacia este derecho constitucional. Cobertura que en la actualidad  se encuentra al rededor del 33% donde cabe precisar que se incluyen las universidades privadas, SENA, educación virtual y a distancia entre otros. Cobertura que no es acorde al crecimiento actual de la población logrando con esto una clara exclusión, omisión que termina aportándole un alto porcentaje de jóvenes en edad productiva a la guerra. Ésta proporción se encuentra alrededor de 1 millón de individuos y por ende familias enteras que sobrevivirán del conflicto armado. 

Como conclusión entonces, se puede afirmar que la ampliación de la cobertura en la educación superior es responsabilidad tanto de las instituciones universitarias como del estado colombiano, a quien le corresponde por ley ser el garante de este derecho constitucional para que se cumpla y se aplique plenamente como lo establece la ley.